El 16 de junio de 2015 se publicaron en el DOG las órdenes en las cuales se establecen las bases reguladoras para la cofinanciación de proyectos de prevención de drogodependencias desarrollados por ayuntamientos, agrupaciones o mancomunidades de ayuntamientos, así como por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En total, la inversión prevista para los años 2015, 2016 y 2017 asciende a 2.701.352 euros, de los cuales 1.203.000 euros corresponden a las entidades privadas y 1.498.352 euros son para los ayuntamientos.

El desarrollo de estas actuaciones tiene por objetivo promover la adopción de estilos de vida saludables y de ocupación del tiempo libre entre los adolescentes y jóvenes gallegos, además de potenciar, en los diversos colectivos en los cuáles se interviene, factores de protección y reducir el impacto de determinados factores de riesgo asociados al consumo de drogas. También que otros colectivos implicados en la prevención, como familiares o docentes, funcionen como agentes de salud.

• Las órdenes pasan a tener un carácter bianual (25 meses a lo largo de 3 ejercicios). Así, se reducen las cargas administrativas y se incrementa la estabilidad de los equipos preventivos.
• Además, se introduce la posibilidad de que las entidades solicitantes incrementen el porcentaje de cofinanciación (el mínimo sigue siendo 5%), fomentándose que las entidades locales integren la prevención en su planificación estratégica con carácter estable. De este modo se enriquece la valoración técnica de los proyectos presentados y se fomenta el espíritu de cofinanciación de las bases reguladoras.
• Por otro lado, en el caso de los ayuntamientos, se añadieron de los nuevos criterios de baremación (el porcentaje de cofinanciación y el coste medio por programa y 1.000 habitantes) y, en el caso de las ONGS, un nuevo criterio (el porcentaje de cofinanciación).
• En ambas órdenes se modificó el cálculo de las cuantías de las subvenciones para hacerlo más sencillo y se simplificó la documentación solicitada a las entidades beneficiarias, con el objeto de reducir la carga administrativa derivada de la tramitación de las subvenciones.